Impuesto al robot para cubrir seguridad social por desempleo creciente

Alessandro Crimi enseña en la universidad AGH de Cracovia, Polonia. En su libro "Innovate for Impact: A Roadmap to Sustainable Technology Beyond AI", publicado por Springer Nature, arranca por el lugar que más incomoda: cuando una empresa automatiza, se queda con todo el ahorro de la planilla salarial y le deja el costo del desempleo al barrio, al municipio, al Estado. Llama a eso una falla de mercado y propone corregirla con un impuesto a la automatización.

La idea no es nueva ni prospera fácil. En 2017 el Parlamento Europeo votó en contra de un impuesto a los robots: la mayoría de los legisladores temió frenar la inversión. Ese mismo año, el gobierno de Moon Jae-in en Corea del Sur hizo algo más discreto: recortó el crédito fiscal que las empresas grandes recibían por invertir en equipos automatizados, de 3% a 1%. A las medianas les bajó el beneficio de 5% a 3%. Las pequeñas conservaron el 7%. No fue un impuesto nuevo, fue sacarle un subsidio a quien automatiza, y así se evitó el problema de definir qué es "un robot" a los fines fiscales.

Ese problema de definición es, para Crimi, el punto débil del argumento: gran parte de la automatización hoy es software que se integra a un proceso, no una máquina que se compra y se factura. Especialistas en fiscalidad que cita en su libro sugieren que conviene reformar el impuesto al capital en general antes que inventar un tributo específico al robot.

Crimi no ofrece el impuesto como sustituto de la capacitación laboral: la llama "necesaria pero insuficiente" frente a un desplazamiento que avanza más rápido que cualquier programa de reconversión. La combina con semana laboral de cuatro días y renta básica universal, financiadas con lo que recaude ese impuesto. El argumento de fondo: si la productividad depende cada vez más del capital y cada vez menos del trabajo, seguir cobrando impuestos solo sobre salarios pierde sentido.