Brasil facilita la instalación de datacenters a cambio de poder de cómputo y controles elementales
Lula sancionó la ley ReData, que exime de aranceles e impuestos a la importación de equipos para centros de datos a cambio de reservar procesamiento para el mercado local y limitar el consumo de agua. La renuncia fiscal ronda los 1.000 millones de dólares solo en 2026.
20 de septiembre de 2026 · 2 min de lectura
El presidente brasileño firmó la Ley 278/2026, que crea el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center, o ReData. El Senado la aprobó el 1° de septiembre sin cambios sobre el texto que Diputados votó en febrero bajo trámite urgente, sin pasar por comisiones.
La ley suspende aranceles de importación y los impuestos IPI, PIS/Pasep y COFINS sobre equipos y componentes tecnológicos para centros de datos, en compras locales o importadas. El beneficio dura hasta cinco años y se vuelve exención permanente si la empresa cumple sus obligaciones. El arancel de importación solo se suspende para productos sin equivalente fabricado en Brasil; la Zona Franca de Manaos queda afuera del beneficio del IPI en varios rubros.
Hacienda calcula que la renuncia fiscal va a sumar 5.200 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares) en 2026, y 1.000 millones de reales (193,7 millones de dólares) en cada uno de los dos años siguientes. El mismo ministerio estima que el 60% de los recursos de datos e IA que se usan en Brasil hoy se procesan en el exterior, en parte por el costo impositivo.
A cambio, las empresas anotadas en ReData tienen que reservar al menos el 10% de su capacidad de procesamiento, almacenamiento y manejo de datos para el mercado brasileño (sin poder exportarla ni retenerla), usar electricidad renovable o de bajas emisiones, mantener un índice de eficiencia hídrica de máximo 0,05 litros de agua por kilowatt-hora, e invertir en el país el 2% del valor de lo comprado con el beneficio. En el Norte, Nordeste, Centro-Oeste o zonas con agencias de desarrollo regional esas exigencias bajan a 8% y 1,6%, y al menos el 40% de esas inversiones tiene que ir a esas regiones.
Si una empresa no cumple, Hacienda le cobra los impuestos suspendidos con intereses y multas, le suspende el beneficio para compras nuevas y, si no corrige en 180 días, la saca del régimen. El RIGI argentino, por ahora, no exige nada parecido en agua, energía ni reserva de capacidad local.